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| Vocero de la Policía Nacional Diego Pesqueira |
Héctor R. Calvo G.
LAS PALABRAS DE UN MANDATARIO QUE HICIERON ESTREMECER LOS CIMIENTOS DE LA DELINCUENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
En muchas ocasiones, reconocer la labor de un mandatario puede interpretarse como un acto de adulación, como vulgarmente se dice en la República Dominicana, o como una búsqueda de beneficios personales o materiales. En mi caso, no se trata de lo uno ni de lo otro, sino de reconocer cuándo un presidente decide enfrentar una situación que afecta profundamente a la sociedad.
El presidente Luis Rodolfo Abinader ha decidido, al menos en el discurso, marcar un punto de inflexión. En su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha manifestado su disposición a escuchar el clamor de un pueblo que reclama respuestas ante la inseguridad y el avance de la delincuencia.
El 28 de septiembre de 2026, durante su participación en La Agenda Semanal, en Santo Domingo, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, dirigió un mensaje a las personas que mantienen órdenes de arresto pendientes, exhortándolas a ponerse a disposición de las autoridades. En esa ocasión, pronunció públicamente unas palabras que generaron gran repercusión en el país y que, desde entonces, han marcado el debate sobre la lucha contra la criminalidad:
«¡O SE ENTREGAN O LOS BUSCAMOS!».
El mandatario expresó: «A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen».
Estas palabras, atribuidas al mandatario, tuvieron un impacto inmediato en la opinión pública. En las horas y los días posteriores, comenzaron a difundirse informaciones sobre operativos policiales, enfrentamientos armados y detenciones de personas señaladas por su presunta vinculación con hechos delictivos.
En el lenguaje popular, la expresión «poner en el 29» se ha utilizado en determinados contextos para aludir a la muerte de una persona durante una intervención policial. Su uso, sin embargo, no debe sustituir la investigación de los hechos ni el esclarecimiento de las circunstancias en que se producen las muertes.
Durante los días siguientes, diversos titulares informaron sobre jóvenes que perdieron la vida en circunstancias relacionadas con actuaciones policiales. Según las informaciones que han circulado, algunos de ellos tendrían antecedentes penales, múltiples registros policiales u órdenes de arresto pendientes. Cada caso, no obstante, debe ser examinado de manera individual y con apego a las evidencias correspondientes.
LAS CIFRAS: ENTREGAS, FALLECIMIENTOS Y PERSONAS BUSCADAS
Los datos publicados permiten dimensionar la magnitud del desafío que enfrenta el sistema de seguridad y justicia dominicano.
El 4 de octubre, la prensa informó que 29 personas se habían entregado tras el llamado presidencial del 28 de septiembre. Posteriormente, el 7 de octubre, se publicó que la Policía Nacional contabilizaba 195 entregas voluntarias acumuladas entre el 17 de agosto y el 6 de octubre de 2026. Ambas cifras corresponden a períodos y categorías diferentes, por lo que no deben confundirse ni sumarse entre sí.
En cuanto a los fallecimientos durante intervenciones policiales, un reporte periodístico publicado el 8 de octubre indicó que al menos siete personas habían muerto en presuntos enfrentamientos con agentes durante la primera semana de ese mes. Otro balance señaló que septiembre había cerrado con 55 fallecidos en circunstancias similares.
Estas cifras requieren una precisión fundamental: los reportes consultados no establecen que todos esos fallecimientos sean consecuencia directa de la advertencia presidencial ni permiten atribuir cada caso a una misma operación policial. Tampoco se encontró un balance oficial consolidado que determine cuántas de esas muertes se produjeron específicamente después del llamado del 28 de septiembre.
Por otra parte, la Policía Nacional informó que existían 53,877 órdenes de arresto pendientes contra 50,865 personas. Se trata de una cifra que evidencia la dimensión de las tareas de localización y persecución judicial, aunque no significa que todas esas personas estén vinculadas a los mismos delitos ni que todas formen parte del grupo al que se dirigió el presidente.
Como comunicador, no me corresponde emitir juicios sin contar con todos los elementos de cada caso. Mi responsabilidad es observar, analizar y presentar a la sociedad los acontecimientos con la mayor objetividad posible, sin ignorar el sufrimiento de un pueblo que durante años ha reclamado respuestas contundentes frente a la delincuencia.
Si bien es necesario esclarecer las circunstancias en que decenas de jóvenes han resultado abatidos durante actuaciones policiales, también es importante reconocer que, según las informaciones difundidas, otras personas señaladas por su presunta vinculación con actividades criminales han optado por entregarse a las autoridades. Algunos lo han hecho visiblemente afectados por el temor a las consecuencias de sus acciones.
Mientras unos deciden comparecer ante las autoridades, otros continúan siendo buscados y, según los reportes, algunos han muerto durante enfrentamientos con agentes policiales.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es la siguiente: ¿cómo llegamos a este punto y qué responsabilidad tienen las instituciones encargadas de prevenir, investigar y perseguir el delito?
Las actuaciones policiales también han generado pronunciamientos de sectores vinculados a los derechos humanos, así como de familiares de personas fallecidas y de otros ciudadanos que cuestionan los procedimientos utilizados. Toda denuncia merece ser escuchada e investigada, al igual que deben examinarse las evidencias que sustenten las acusaciones contra quienes son señalados por la comisión de delitos.
Sin embargo, también resulta necesario evitar que la defensa de los derechos humanos se convierta en una razón para ignorar los antecedentes documentados, las órdenes judiciales vigentes o las denuncias de las víctimas. La presunción de inocencia y el debido proceso deben respetarse, sin que ello implique desconocer el derecho de la sociedad a vivir en paz y con seguridad.
La edad de una persona, incluso cuando se trata de jóvenes de 17 o 18 años, no debe llevarnos a idealizar su conducta ni tampoco a condenarla sin pruebas. Si existen indicios de participación en actividades criminales, corresponde a las autoridades investigar y actuar conforme a la ley, con especial atención a las garantías que protegen a los menores de edad.
Como comunicador, concluyo que el presidente ha decidido colocar la lucha contra la delincuencia en el centro de la agenda pública. Podemos cuestionar sus decisiones, debatir sus métodos y exigir explicaciones; lo que no debemos hacer es olvidar la importancia de investigar cada caso, respetar las garantías legales y exigir que quienes hayan cometido delitos respondan ante la justicia.
Tampoco podemos ignorar el dolor de las víctimas de la delincuencia: hombres y mujeres trabajadores, personas mayores, niños y ciudadanos inocentes que han sufrido las consecuencias de la violencia. Sus historias merecen justicia, y sus familias tienen derecho a reclamar que los responsables sean identificados y sometidos a los procedimientos legales correspondientes.
La seguridad ciudadana no puede construirse sobre la indiferencia, pero tampoco al margen de la ley. Combatir la delincuencia y respetar los derechos fundamentales no deben ser objetivos incompatibles. La verdadera fortaleza de las instituciones se demuestra cuando son capaces de proteger a la población, perseguir el delito y garantizar que cada actuación se realice conforme a la Constitución y las leyes.
En ese mismo contexto, cabe recordar una frase atribuida al general Juan Manuel Méndez, vinculada a su trayectoria en la gestión pública: «Si mi reputación y mi nombre tienen que perder popularidad por hacer lo correcto, pues lo perderé». Una declaración que plantea una reflexión sobre el costo personal y político que puede acompañar las decisiones difíciles en el ejercicio de la función pública.
El costo político de las decisiones del presidente Luis Rodolfo Abinader dependerá, en buena medida, de sus resultados, de la percepción ciudadana y de que las actuaciones de las autoridades se mantengan dentro del marco legal. La población necesita resultados sostenibles: menos violencia, mayor seguridad, instituciones confiables y garantías de justicia para todos.
Las palabras que dieron título a esta reflexión han marcado un momento de intenso debate en la sociedad dominicana. «¡O SE ENTREGAN O LOS BUSCAMOS!» es una expresión contundente, pero su verdadero alcance deberá medirse no solo por los operativos que se ejecuten, sino también por la capacidad del Estado para reducir la criminalidad, proteger vidas y fortalecer el imperio de la ley.
La decisión de entregarse corresponde a quienes son requeridos por las autoridades; la responsabilidad de buscarlos, investigarlos y ponerlos a disposición de la justicia corresponde al Estado. Y la obligación de garantizar procedimientos legales, transparentes y respetuosos de los derechos fundamentales también recae sobre las instituciones.
Porque la paz que reclama el pueblo dominicano no debe ser solamente una promesa ni el resultado de una consigna: debe convertirse en una realidad construida con justicia, seguridad y respeto a la ley.
