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| Lula Da Silva, presidente de Brasil. Imagen generada con IA |
Por Licda Josmir Pérez
El liberalismo político insiste en presentar las elecciones democráticas como ejercicios asépticos de evaluación racional, donde el electorado pondera objetivamente variables macroeconómicas y balances de gestión estatal. Sin embargo, desde una perspectiva antropológica y sociológica profunda, la conducta política colectiva responde a dinámicas comunitarias donde la cohesión se estructura en torno a rituales de lealtad tribal e identidades comunitarias.
En los procesos electorales de alta tensión, el voto deja de operar como un cálculo utilitario para convertirse en una reafirmación de pertenencia emocional e identitaria frente a un grupo antagónico percibido como amenaza existencial.
Esta mecánica de enfrentamiento simbólico
encontró su máxima expresión en el balotaje presidencial de Brasil del 25 de
octubre de 2026. En esa jornada, Luiz Inácio Lula da Silva, a punto de cumplir
81 años, consolidó un triunfo histórico al alcanzar el 51,79% de los votos
válidos (64.255.891 sufragios) frente al 48,21% (59.825.984 sufragios) obtenido
por el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del
expresidente Jair Bolsonaro. La contienda movilizó a más de 128 millones de
votantes de una población habilitada superior a los 158 millones de ciudadanos,
registrando una diferencia de 4.429.907 votos entre ambos aspirantes en un
universo de 124.082.273 votos válidos, 2.723.305 nulos y 1.430.496 en blanco.
El desenlace del balotaje representó una ruptura inédita en la historia democrática brasileña desde el restablecimiento de las elecciones directas en 1989, ya que nunca antes un candidato que hubiese quedado en segundo lugar en la primera vuelta electoral había logrado revertir el resultado en la segunda vuelta. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre de 2026, Flávio Bolsonaro había liderado el escrutinio con el 47,03% de los votos (56.104.503 sufragios) frente al 45,16% de Lula (53.879.538 sufragios) y el 2,89% obtenido por Augusto Cury, contradiciendo los sondeos previos que anticipaban un escenario favorable al oficialismo.
Durante la noche
del balotaje, el recuento mostró constantes giros en la tendencia: tras un
inicio donde Lula encabezó los parciales, Flávio Bolsonaro pasó al frente al
alcanzarse el 20% de las secciones totalizadas, hasta que Lula recuperó la
ventaja definitiva a las 20:26 horas y Datafolha proyectó la irreversibilidad
de su victoria.
Desde la perspectiva de la sociología política sobre el campo del poder, los mercados electorales no buscan la persuasión deliberativa, sino la consolidación de monopolios de representación simbólica a través de la movilización del agravio y las estructuras mediáticas. Esta disputa por la legitimidad pública no es reciente en la trayectoria brasileña; ya en la primera elección presidencial directa de 1989, Fernando Collor de Mello utilizó herramientas de difamación personal y manipulación mediática contra la primera candidatura de Lula, apoyándose en denuncias personales con su antigua pareja Miriam Cordeiro y montajes sobre el secuestro del empresario Abílio Diniz para intimidar al electorado.
De forma análoga, en la campaña de
2026, la contienda estuvo atravesada por acusaciones de desinformación en redes
sociales, tensiones geopolíticas y la promesa de Flávio Bolsonaro de otorgar la
liberación a su padre Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de
prisión dictada en 2025 por conspiración para un golpe de Estado tras las
elecciones de 2022.
Los hallazgos de la neurociencia cognitiva
aplicada a la ciencia política sugieren que el cerebro humano procesa la
información del espacio público mediante atajos emocionales que priorizan la
defensa del grupo de pertenencia por encima de la evidencia objetiva.
Frente a esta polarización, la evidencia empírica establece una línea roja ética inquebrantable, la judicialización sistemática de la contienda política y la erosión deliberada del pacto institucional republicano terminan por desmantelar las bases mismas de la convivencia democrática.
El balance cuantitativo de sus dos primeros mandatos entre 2003 y 2011 refleja transformaciones estructurales de magnitud: el producto interno bruto brasileño se expandió un 37,48%, pasando de 0,5 billones de dólares a 2,6 billones y situando al país como la sexta economía mundial, mientras 20,6 millones de personas abandonaron la condición de habitabilidad en favelas, el índice de Gini descendió de 58,10 a 52,90 y la deforestación amazónica se redujo de 34.700 km² anuales en 2004 a 4.500 km² en 2011.
Tras superar un cáncer de laringe diagnosticado en 2011, atravesar su
privación de libertad y retornar a la presidencia en 2022 tras vencer a Jair
Bolsonaro en alianza con Geraldo Alckmin, su tercera administración logró que
40 millones de personas salieran de la inseguridad alimentaria entre 2022 y
2025 y que la deforestación retrocediera nuevamente hasta niveles
históricamente bajos en la Amazonía. Estos antecedentes explican el arraigo de
un capital político capaz de movilizar el respaldo de los sectores populares,
incluso en un contexto signado por las quejas del electorado frente al costo de
vida, el endeudamiento de las familias y las presiones internacionales
vinculadas a las políticas de la administración estadounidense de Donald Trump.
En el escenario regional de América Latina, la
victoria de Lula preserva un enclave progresista en un mapa político surcado
por giros ideológicos y fracturas sociales cada vez más acusadas. Sin embargo,
la renuencia de Flávio Bolsonaro a reconocer el resultado, respaldada en
denuncias de ilegitimidad sobre la prórroga de las votaciones y en la exigencia
de anulación ante el Tribunal Superior Electoral, pone de manifiesto que las
victorias electorales contemporáneas ya no garantizan la estabilización del
consenso democrático. Cuando las elecciones se experimentan no como un pacto de
convivencia republicana entre ciudadanos diversos, sino como una victoria
militar o moral sobre un enemigo interno, la democracia corre el riesgo de
convertirse en un cascarón procedimental desprovisto de legitimidad compartida.
Ante este espejo donde se reflejan las tensiones
de toda la región, cabe preguntarse si seremos capaces de reconstruir marcos
institucionales de deliberación racional basados en reglas aceptadas por todos,
o si continuaremos reduciendo el ejercicio de la soberanía popular a una
permanente guerra de tribus donde la derrota electoral resulta conceptualmente
inaceptable.
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| Josmir Pérez |
