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| ¿Hubo alteración del Pacto Fiscal en el Plan Anticrisis? |
-Santo Domingo, D.N. – La organización Justicia Fiscal, manifestaron su oposición al “Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional”, depositado recientemente ante el Congreso Nacional. El colectivo aboga por una Reforma Fiscal Integral y cuestiona tanto el contenido de la iniciativa como el proceso de ejecución, según nota de prensa enviada a la redacción del Periódico La Hoja.
Luego de un análisis exhaustivo del contenido agregado de la propuesta, el Espacio Justicia Fiscal sostiene que el gobierno presuntamente busca mejorar la eficiencia recaudatoria y los ingresos tributarios, sin corregir las inequidades históricas del sistema fiscal dominicano.
Dicen que la iniciativa, aunque amplía mecanismos de control tributario e introduce nuevas cargas impositivas, evita abordar componentes esenciales para hacer el sistema más equitativo y progresivo. Si bien incorpora algunas disposiciones que formalmente podrían presentarse como progresivas, la información pública disponible no permite demostrar que la carga principal del esfuerzo fiscal recaerá sobre quienes poseen mayores ingresos, patrimonio o capacidad contributiva.
Detalles
El colectivo Justicia Fiscal calificó como "especialmente preocupante" la inclusión de una nueva amnistía fiscal en el proyecto. Argumentan que este tipo de medidas beneficia a quienes han incumplido sus obligaciones y envía una señal perniciosa de que la evasión puede ser regularizada mediante tratamientos excepcionales.
Asimismo, el Espacio Justicia Fiscal cuestiona diciendo la iniciativa evita discutir abiertamente aspectos estructurales como el gasto tributario, las exenciones fiscales y la tributación de las rentas del capital, mecanismos que durante años han reducido la capacidad recaudatoria del Estado sin una exhaustiva evaluación pública de su impacto social.
De igual forma, consideran grave que se pretenda impulsar una reforma predominantemente tributaria sin acompañarla de compromisos concretos y verificables sobre la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público.
