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| Participación Ciudadana advierte sobre campaña electoral anticipada rumbo a 2028 |
-Santo Domingo, RD- La organización cívica Participación Ciudadana manifestó su preocupación ante actividades políticas que, según indicó, buscan adelantar la campaña electoral de cara a las elecciones generales de 2028, pese a que la legislación dominicana prohíbe el proselitismo fuera de los plazos establecidos.
La entidad recordó que la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece que la precampaña electoral para los comicios de 2028 iniciará el primer domingo de julio de 2027 y concluirá con la escogencia de candidaturas, mientras que la campaña electoral comenzará oficialmente con la proclama de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 70 días antes de las elecciones.
En ese sentido, señaló que cualquier actividad proselitista en favor de aspirantes a candidaturas antes del 25 de julio de 2027 constituye una violación a la normativa vigente.
Detalles
Participación Ciudadana citó además el comunicado emitido por la JCE el 20 de febrero de 2025, en el que el órgano electoral advirtió que “cualquier actividad proselitista realizada antes de los plazos establecidos está prohibida”, incluyendo consultas previas, promociones públicas de aspiraciones y otras acciones destinadas a definir precandidaturas o candidaturas.
La organización recordó que el artículo 78, numeral 8, de la Ley 33-18 establece sanciones para quienes inicien campañas antes del tiempo permitido, incluyendo la inadmisibilidad de la candidatura, responsabilidad cuya aplicación corresponde a la JCE.
Asimismo, destacó que la Junta Central Electoral mantiene en consulta pública un reglamento que busca prohibir la publicación de encuestas electorales antes del inicio oficial de la precampaña, con el objetivo de evitar ventajas indebidas y preservar la equidad electoral.
Acciones
La reconocida entidad Participación Ciudadana informó que comenzará un proceso de documentación y monitoreo de posibles actividades de precampaña o campaña anticipada, con la finalidad de reportarlas a las autoridades y a la opinión pública para disuadir eventuales violaciones a la ley.
La organización también consideró que el adelantamiento del debate electoral podría desviar la atención de funcionarios públicos en un contexto marcado por preocupaciones económicas internacionales, especialmente por el aumento de los precios del petróleo.
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